Alto riesgo. Motivo: defender el derecho a decidir de las mujeres

Luego de las movilizaciones de agosto pasado por la despenalización del aborto, en México repuntaron las violencias contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos. En dos meses, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México contabilizó al menos ocho agresiones contra ellas. Con amenazas de muerte e intimidaciones directas, grupos fundamentalistas intentan inhibir su labor. Es el caso de las defensoras Guadalupe Ramos y Sandra Cardona, que se mantienen bajo amenaza por defender el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

 

Elva Mendoza/ Flor Goche

Guadalupe Ramos Ponce es coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) en el estado mexicano de Jalisco. La organización promueve la justicia social y los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, así como sus derechos sexuales y reproductivos.

Integrante de Cladem desde hace 18 años, la defensora ha sido víctima constante de agresiones, entre las que se cuentan campañas de desprestigio y escarnio público, particularmente por parte de grupos conservadores. El último episodio fue protagonizado por el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez.

A través de un video, Sandoval Íñiguez denostó a Guadalupe Ramos y a otras dos reconocidas defensoras, Karen Luna, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), y María de la Luz Estrada Mendoza, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), tras su participación en el foro Diálogo en Torno al Derecho a Decidir, realizado el 26 de septiembre en las instalaciones del ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara.

“Extrañeza, disgusto e indignación fue lo que causó la presencia de tres mujeres promotoras furibundas del aborto, que adoctrinaron a placer a los asistentes…”, se escucha decir al octogenario cardenal en la grabación de seis minutos y medio que difundió a través de redes sociales. Implacable, el purpurado también acusó “a estas fulanas” de señalar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo en un sentido “totalente pagano y falso”.

Por estos hechos, que instigan una “campaña de odio”, Cladem alertó sobre el alto nivel de riesgo que implica la defensa del derecho a decidir de las mujeres, a la vez que urgió al Estado Mexicano a investigar y reconocer la agresión que padecieron Guadalupe, Karen y María de la Luz, así como a adoptar las medidas necesarias para su protección y la disminución del riesgo que las acecha.

Apenas un mes antes, el 8 y 9 de agosto, Guadalupe Ramos enfrentó ataques cibernéticos, tras posicionarse por esta misma vía por la despenalización del aborto en Argentina. Su perfil de Facebook fue accedido ilegalmentente e inundado con imágenes pornográficas, lo que conllevó al bloqueo de su cuenta por parte de la compañía Facebook, al identificar que se compartía información ofensiva.

La defensora deunció este ataque ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco; pidió que la policía cibernética investigue y sancione a quienes resulten culpables. “Se hizo la denuncia y nunca hubo avances de la misma, pero lo importante era dejar el precedente”, señala en una entrevista. Identifica a los grupos de derecha como sus principales agresores, específicamente a aquellos vinculados a la iglesia católica y más directamente a aquellos que tienen alguna relación con el cardenal.

Los recientes ataques contra Guadalupe Ramos se dan en el contexto de la efervescencia de un movimiento internacional identificado con el color verde, la Marea Verde, y el hashtag #8A, que demanda la legalización del aborto, en concordancia con la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Este movimiento tiene su origen en Argentina, cuando, en agosto pasado, el Senado del país votó para rechazar un proyecto de Ley para despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. De haberse concretado, Argentina sería el tercer país de la región, después de Cuba y Uruguay, en tener una ley que permite abortar a las mujeres en las primeras catorce semanas sin restricciones y en todo el territorio.

En todo el mundo, organizaciones que promueven el aborto legal hicieron pronunciamientos públicos y exhortos a favor del proyecto de Ley argentino, además de emprender nutridas movilizaciones y campañas para que las legislaciones de sus países sean igualmente reformadas. Es en este marco que repuntan las agresiones contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos en México.

De acuerdo con el conteo preliminar de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), del 8 de agosto al 9 de octubre pasados, ocurrieron por lo menos ocho agresiones contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos, dirigidas en su mayoría a grupos o colectivos. Antes de las movilizaciones de agosto, esta articulación civil, que como parte de su mandato cuenta con un registro de agresiones contra defensoras en México, sólo tenía indentificados dos casos de este tipo en 2018.

Las defensoras mexicanas han sido amenazadas de muerte, denostadas e intimidadas de forma directa y a través de correos electrónicos o redes sociales.

“Te estoy vigilando, sé quién eres y dónde vives Sandra Cardona, te sigo en lo que haces. Deja de matar niños o las muertas van a ser otras. Somos varios”. Éste es el correo electrónico que ha recibido Sandra Cardona, integrante de la Red Necesito Abortar, en Monterrey, Nuevo León. Ella relata que, como antecedente de este hecho, la Red que fundó y de la que forma parte realizó acciones para solidarizarse con la oleada argentina en pro del derecho a decidir. En respuesta, fueron blanco de comentarios violentos y ofensivos, entre los que sobresalen también amenazas de muerte. La percepción es compartida en todo el país. “A partir de la discusión en Argentina y de lo que empezamos a señalar de los derechos sexuales y reproductivos ha habido un incremento de las agresiones”, afirma Guadalupe Ramos.

Para la también investigadora de la Universidad de Guadalajara, defender los derechos sexuales y reproductivos es de suma importancia porque tiene que ver con la autonomía del cuerpo, con la defensa del cuerpo de las mujeres, la ciudadanía del cuerpo y de las mujeres, lo que pone en jaque al patriarcado. Y remata: “Que las mujeres tomen el control sobre su cuerpo, sobre su vida, genera una serie de ataques”.

Cecilia Espinosa Martínez, parte del Grupo Impulsor de la RNDDHM, alerta sobre la gravedad de esta oleada de violencia: “Nos preocupa el incremento de las agresiones contra quienes legitimamente trabajan a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y, en tanto, demandan la despenalización del aborto”.

La también integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez destaca que el Comité contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha externado su preocupación por las disposiciones penales que restringen el acceso al aborto legal en México y que obligan a mujeres y niñas a someterse a abortos que ponen en peligro su salud y vida, y, en consonancia, recomienda al Estado mexicano armonizar la legislación del país para garantizar el acceso al aborto legal.

“Los derechos que defienden estas mujeres son legítimos, igual que sus luchas; están garantizados en la Constitución y en tratados internacionales. Es por ello que hacemos un fuerte llamado al Gobierno mexicano para que, en el marco de sus obligaciones, investigue y sancione estas agresiones, y prevea la protección de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos frente a un contexto que agrava su nivel de riesgo”.

En México, la inacción de las autoridades es común en los casos de agresiones contra defensoras; por eso no cesan y, peor aún, se agudizan. En lo que respecta a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, el Estado mexicano ha sido incapaz de blindarlas de los ataques de grupos fundamentalistas, pese a que, como ha señalado la Organización de las Naciones Unidas, el actuar de estos grupos representa una de las principales amenazas contra el sistema de derechos humanos y especialmente contra los derechos de las mujeres y personas LGBTI.

Ejemplo de ello es el intento de asesinato que, el 13 de marzo de 2018, padeció la defensora Sandra Peniche Quintal, directora de la Clínica Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, con sede en Mérida, Yucatán. En una carta pública, la RNDDHM sostiene que “la agresión física contra esta defensora pudo evitarse”, ya que las autoridades estatales y municipales y la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán estaban al tanto del constante hostigamiento y acoso que la defensora sufría por parte de grupos provida, más nunca intervinieron.

Publicado originalmente en Pikara Magazine

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